Sánchez Pego Abogados

Absolución para Artur Mas. Columna de opinión publicada en el Diario Montañés

Os transcribimos una nueva columna de opinión publicada por Álvaro Sánchez Pego Lamelas en el Diario Montañes:

Absolución para Artur Mas

No ha ocurrido aún, pero puede ocurrir. Si yo fuera el abogado de Artur Mas a buen seguro que utilizaría en el recurso contra la sentencia recaída un argumento jurídico que aún no han utilizado ni los suyos propios.

La desobediencia, como tipo penal, es una especie de cajón desastre en el que cabe todo.

En muchas ocasiones se llevan por la via del delito de desobediencia conductas que no tienen su encaje en otras figuras delictivas. O para mejor decir: es un instrumento idóneo que viene muy bien para extender los tipos penales ad infinitum.

Si un policía te dice que no aparques y aparcas: tipo penal de aparcamiento ilegal. Si te dice que no tienes licencia para colocar sillas en la terraza de tu bar y las colocas: tipo penal de colocación de sillas en la calle. Si construyes sin licencia un baño en tu casa a sabiendas de no poder hacerlo: tipo penal de construcción de baño ilegal…

La desobediencia penal solo debe ser punible en los casos en los que la Administración no tiene otros medios idóneos para lograr la ejecutividad de sus actos o resoluciones y, además, se produce con la acción desarrollada un ataque directo al orden público, que es el bien jurídico que pretende protegerse con ese tipo penal residual.

El Tribunal Constitucional en la resolución que tuvo que dictar sobre la petición de nulidad del proceso secesionista promovido por el Parlamento Catalán, únicamente dijo que “acordaba la inconstitucionalidad y nulidad de las resoluciones”, pero no daba una orden ni imponía una conducta de hacer o no hacer a los parlamentarios catalanes de tal suerte que no se puede contravenir de forma flagrante y manifiesta un orden judicial (artículo 410 del Código Penal).

El Presidente de Cataluña, sin desobedecer mandato alguno, asumió competencias de las que carecía, para convocar un referéndum consultivo al pueblo catalán, lo que fue impugnado por la abogacía del Estado, dando lugar a la resolución del Tribunal Constitucional que acordaba dar traslado al Ministerio Fiscal por si los hechos fueran constitutivos de infracción penal.

El Ministerio Fiscal entiende, y por ello acusa, que la convocatoria de un referéndum consultivo sin tener competencias para ello es constitutivo de un delito de desobediencia sin percatarse que esa conducta concreta fue despenalizada en el año 2005 (LO 2/2005)

En el año 2003, con motivo del referéndum que pretendía convocar el lendakari Ibarreche se introdujo en el Código Penal el artículo 506 bis para castigar “a la autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por via referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución. La autoridad o funcionario público que, sin realizar la convocatoria o autorización a que se refiere el apartado anterior, facilite, promueva o asegure el proceso de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución convocadas por quien carece manifiestamente de competencia o atribuciones para ello, una vez acordada la ilegalidad del proceso”.

Y también el artículo 521 bis. para los que “con ocasión de un proceso de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución convocadas por quien carece manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, participen como interventores o faciliten, promuevan o aseguren su realización una vez acordada la ilegalidad del proceso”.

Estos preceptos fueron derogados en el año 2005 (LO 2/2005), con ocasión del cambio de Gobierno que se produjo poco antes, señalándose en la exposición de motivos las razones para ello y que no eran otras que dichas conductas “no tienen la suficiente entidad como para merecer el reproche penal, El derecho penal se rige por los principios de intervención mínima y proporcionalidad, según tiene señalado el Tribunal Constitucional, que ha reiterado que no se puede privar a una personal del derecho a la libertad sin que sea estrictamente imprescindible. “En nuestro ordenamiento”, sigue diciendo la exposición de motivos, “hay otras formas de control de la legalidad diferentes de la via penal. Así, el ejercicio de las potestades de convocar o promover consultas por quien no las tiene legalmente atribuidas es perfectamente controlable por vías diferentes a la penal”.

En su consecuencia, si fuera el abogado defensor de Artur Mas solicitaría al Tribunal que, habiéndose despenalizado de forma expresa la conducta que ahora se le imputa y bajo el paraguas argumental que le otorgaron las Cortes Generales en la reforma penal comentada, los parlamentarios catalanes acusados  por estos hechos deberían de resultar absueltos, sin perjuicio de otras medidas que quieran adoptarse para hacer cumplir las resoluciones del Tco. Y que están legalmente contempladas sin tener que hacer un uso abusivo de las normas penales, forzándolas a llegar a lugares a los que el propio pueblo español, graciosamente, no han querido que lleguen-

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