Sánchez Pego Abogados

Lapidemos a Urdangarín; publicado en El Diario Montañés por Álvaro Sánchez Pego

Os transcribimos la columna de opinión publicada por Álvaro Sánchez Pego Lamelas en el Diario Montañes:

Lapidemos a Urdangarín

(Publicado en El Diario Montañés por Álvaro Sánchez Pego)

Tras el largo tortuoso calvario al que han sido sometidos los acusados, al fin, ha recaido sentencia. No sé si para ellos ha sido peor la condena que finalmente ha recibido o el escarnio público al que han sido sometidos durante todo este tiempo que ha durado el proceso.

Ahora que todos estábamos convencidos de que las sociedades creadas por el Sr. Urdangarín eran una tapadera para cometer delitos y corromper a los funcionarios públicos para obtener grandes beneficios económicos ofertando servicios que en realidad no prestaban, en una suerte de máquina choricera que exprimía las arcas públicas robando a todos los ciudadanos y de paso a los niños con cáncer, resulta que la sentencia da por acreditado que tales empresas, en realidad, sí realizaban el trabajo que prometían y revertían un beneficio económico en aquellos que tenían a bien contratarles.

Ahora resulta que de todos los millones que decíamos se habían embolsado de forma ilícita, sólo existe un concreto y limitado perjuicio económico causado por Jaume Matas a las arcas públicas del Gobierno que este presidía por un delito que de forma principal no puede ser cometido por el Sr. Urdangarín.

Ahora que el delito fiscal cometido por el exduque de Palma creando sociedades interpuestas en paraísos fiscales para ocultar todo el patrimonio ilícito que creíamos habían adquirido de forma fraudulenta ha consistido en sobrepasar en escasamente 6.000 € la cifra que el Código Penal establece como límite máximo para traspasar la barrera de la mera infracción administrativa y comenzar a delinquir.

La sentencia reprocha al yerno del Rey Juan Carlos presentarse como tal ante determinados organismos públicos y conseguir por ello ventajas empresariales que otros no tienen. Supongo que para el Sr. Urdangarín le será muy difícil ocultar tal condición, y no creo que le sea necesario recordárselo a sus interlocutores. Es inherente a él y esto no es en sí mismo delictivo.

Delictivo sólo lo sería en el caso en el que que «influyere» en un funcionario público o autoridad «prevaleciéndose» de esta condición derivada de su relación personal con éste u otro funcionario público, para conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio económico (art. 429 Código Penal).

La pregunta que me hago es la de saber si el yerno del rey tiene el derecho que le es reconocido al resto de los españoles establecido en el art. 37 de  la Constitución a realizar libremente una actividad empresarial en la economía de mercado o si, por el contrario, el valor añadido que lleva ínsito en él le imposibilita realizar trabajos que otros no podrían hacer.

En todos los trabajos que impliquen relaciones personales se valoran «las agendas» de los sujetos que intervienen en las mismas. Si quieres conseguir que la Copa América vaya a Valencia, o que en tu ciudad se celebre tal o cual evento deportivo, los funcionarios que deben de lograr tal objetivo deben de procurar contratar con aquellas personas que por sus influencias y capacidades sean capaces de lograrlo. Es obvio.

Urdangarín, por su propio destino personal, tiene la capacidad de lograr eventos y patrocinios que yo, por ejemplo, no podré conseguir nunca. Es normal, en estas circunstancias, que Jaume Matas o cualquier otro Presidente Autonómico prefiera contratar a la empresa de aquél que a la mía si quiere tener ciertas esperanzas de conseguirlo.

Esto no significa, en modo alguno «influir o prevalerse», salvo que se acredite (cosa que no ha ocurrido) que existían otras empresas en igualdad de condiciones para lograr los mismos fines y que el acusado haya ejercido algún tipo de presión en el funcionario público para lograr lo que de otro modo no se le hubiere dado en ningún caso.

La sentencia recaída sirve, por el momento, para acreditar, al menos de forma indiciaria, que el juez de instrucción, el Ministerio Fiscal, los medios de comunicación, y la sociedad en general somos culpables de extralimitaciones intolerables en el respeto de los derechos fundamentales de las personas.

Lo dicho: Urdangarín es de lo peor… nosotros también.

 

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