Sánchez Pego Abogados

Sentencia contra el Gobierno de Cantabria y Junta Vecinal Villacarriedo

Sentencia del procedimiento llevado a cabo por demanda al Gobierno de Cantabria y la Junta Vecinal de Tezanos

A continuación os dejamos la transcripción de la sentencia referente al procedimiento llevado a cabo por el despacho Sánchez Pego Abogados en relación a la propiedad de una finca en Villacarriedo, en el que se reconoce la  posibilidad de  adquirir la  propiedad  de  los montes  públicos   por  aquellos  que los vienen  usando   como propietarios:

Sentencia Nº 0000489/2017

En Santander, a 26 de febrero del 2018.

El Ilmo. Sr. D. (***), Magistrado Juez de Primera Instancia nº 4 de Santander y su Partido, habiendo visto los presentes autos de Juicio Ordinario 489/17 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandantes D. (***) y Dª (***) con Procurador Sr/a. (***) Sr/a. Sánchez-Pego Lamelas, y de otra como demandados la Junta Vecinal de Tezanos (Ayuntamiento de Villacarriedo ), que se ha mantenido en rebeldía procesal, y el Gobierno de Cantabria representado y asistido por el Letrado de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sobre acción declarativa de dominio, y,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se turnó a este Juzgado procedente de la oficina de reparto demanda de juicio ordinario suscrito por el/la procurador/a al que se hace referencia en el encabezamiento en la  representación mencionada en la que tras relatar los hechos base de su demanda y alegar los fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso terminó suplicando se dictara sentencia estimatoria de la demanda, y se acuerde:

1.º Declarar que las fincas identificadas en esta demanda (***) son propiedad de los demandantes (***) y de (***)

2.º Y al pago de las costas del procedimiento.

SEGUNDO.- Por decreto se admitió a trámite la demanda y se tuvo por parte legítima al referido procurador en nombre y representación del actor según lo acreditaba por poder e incoando el procedimiento correspondiente se acordó dar traslado a la parte demandada para que contestara a la misma. Se solicitó por el Letrado de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria la suspensión del plazo para poder solicitar información, lo que se concedió. Se presentó la contestación con fecha 24 de julio de 2017. La codemandada Junta Vecinal de Tezanos no presentó contestación ni se personó en el procedimiento por lo que fue declarada en rebeldía procesal. Citadas las partes comparecidas para la Audiencia Previa el día 15 de diciembre de 2017, compareció la parte actora y la representación del Gobierno de Cantabria. Se oyó a las partes sobre las diferencias que tenían, y se propuso por las mismas exclusivamente la prueba documental. Se interesó que quedaran los autos para sentencia, lo que así se acordó, realizando las partes las conclusiones que a su derecho interesaron.
Quedaron los autos para sentencia en poder de S.Sª.

TERCERO- Que en la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, excepto el cumplimiento de algunos de los plazos por el trabajo que pesa sobre este órgano judicial y la propia complejidad del presente procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Como hemos visto en los antecedentes de hecho, y se desprende del petitum de la demanda, se ejercita en esta litis la acción declarativa de dominio respecto de dos fincas que se describen según las inscripciones registrales y catastrales. Como se ha puesto de relieve en la contestación a la demanda, la parte actora presentó en el año 2014 una reclamación previa a la vía civil
sobre la propiedad de los terrenos litigiosos. Con fecha 21 de julio de 2017, es decir después de presentada la demanda, la Administración por medio del Consejero de Medio Rural, resolvió reconocer parcialmente las pretensiones de la actora de manera que resolvió “estimar la reclamación previa a la vía judicial presentada por don (***) en relación con la parcela 40 del polígono 14. Estimar parcialmente la reclamación en relación con la parcela 41 del polígono 14 y desestimar la reclamación en relación con la parte ocupada por don (***) (sic por cobo) , la cual puede identificarse con la que en el catastro de 1983 que aparece como su parte la 34 B, que tiene una superficie de 3460 m² la cual forma parte del monte “la Cárcoba” número 390-sexies del C.U.P. y así está considerada desde la inclusión del Monte en el catálogo de utilidad pública año 1926”.
Es decir que a tenor de la citada resolución la cuestión a resolver en el presente procedimiento ha quedado reducida a la parte de la parcela número 41 que la Administración no reconoce como del actor, debiéndose estimarse la pretensión deducida en lo demás ya que así ha sido reconocido por la propia Administración.

Segundo.-Como inicialmente se recogió la acción ejercitada en el presente supuesto es la declarativa de dominio. De conformidad con la numerosa jurisprudencia que se ha dictado al
respecto, la acción declarativa de dominio, que tiene su base como otras que pretenden la defensa del derecho de propiedad en el artículo 348 del C.C., tiene como fin la condena del demandado a que reconozca el dominio del actor simplemente, ya que discute o se atribuye ese derecho, sin aspiraciones de reintegración de la posesión que detenta en ese proceso.
Para que dicha acción prospere son necesarios los siguientes requisitos, definidos doctrinal y jurisprudencialmente 15-2-1996, 4-4-1997 y 9-5-1997 y de la Audiencia Provincial de Cantabria
de 5-6-2000).
1.- La prueba del dominio por el actor.
2.- La identificación de la cosa en iguales términos que la acción reivindicatoria, identificación que ha de hacerse de forma que no ofrezca duda cuál sea el bien que se reclama, fijándose con la debida precisión su cabida, situación, linderos, etc., demostrando con la correspondiente probanza que la finca reclamada coincide en la realidad con aquélla a la
que se refieren los títulos, identificación que exige un juicio comparativo entre la finca real y la titular.
3.- No es necesario que el demandado se halle en su posesión; la legitimación pasiva corresponde a los que nieguen o contesten simplemente el derecho de aquél. Por otra parte, es preciso que la
posesión por el tercero demandado no esté justificada por un título legítimo (STS de 11-12-1992).
En el presente supuesto los problemas aparecen por dos vías: por lo que se refiere al título de dominio y en cuanto a la identificación de la finca. Como antes hemos puesto de relieve nos vamos a referir en todo caso a la que se reclama como parcela número 41 del polígono 14 y cuya referencia catastral es (***) y que se corresponde con la inscrita en el Registro de la Propiedad de Villacarriedo tomo 980, libro 133, folio 35, finca número 12.662, ya que respecto de la parcela 40 se admite en su totalidad la titularidad del actor.

Tercero.- La parcela litigiosa fue adquirida por los actores con fecha 5 de agosto de 2014 como consta en la escritura pública presentada como documento número dos de la demanda. En ella se recoge que los compradores adquieren la citada finca rústica con una superficie de 97 areas y 27 centiáreas, describiendo los linderos y estableciendo las referencias catastrales que antes hemos mencionado. En el catastro aparece dicha finca con una superficie de 9727 m². Sin embargo como antes se ha recogido también, la Administración mantiene que la citada finca registral no puede tener esas medidas ya que en su momento se procedió por los causantes de los actuales propietarios a incorporar a la misma unos terrenos que eran del monte de utilidad pública denominado “Cárcoba”. La Administración mantiene que se han incorporado 3460 m² que se corresponderían con la subparcela 34b del catastro de 1953. El título que por la parte actora se alega en su demanda es el de prescripción o usucapión extraordinaria, ya que se mantiene que la citada finca ha sido poseída desde hace más de 30 años por los particulares de los cuales trae causa. A este respecto ambas partes están conformes con que una de las formas de adquirir la posesión en el caso de terrenos que pudieran estar considerados como montes de utilidad pública con anterioridad a la ley de 2003 era la usucapión extraordinaria.
Así se ha venido recogiendo por la jurisprudencia de la que son representativas las siguientes sentencias:
Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11 de febrero de 2016 en la que se dice entre otras cosas lo siguiente:
“Y es también cierto que, desde la fecha de entrada en vigor de la Ley de Montes de 2003, los montes públicos incluidos en dicho Catálogo – también los ya catalogados con anterioridad- vinieron a tener ex lege el carácter de bienes de dominio público o demaniales. Ahora bien, lo que sin duda se desprende de lo expuesto es sólo que, desde la referida fecha (22 de febrero de 2004), ya no puede adquirirse, ni derivativamente, mediante título y modo, ni originariamente, por prescripción adquisitiva , la propiedad privada de todo o parte de un monte público catalogado. Pero, frente a lo que parece sostener la Administración recurrente, no cabe deducir necesariamente de ello: ni que antes de la promulgación de la Ley de Montes de 2003 no pudieran haberse adquirido enclavados de propiedad privada de particulares dentro de los perímetros de los montes públicos catalogados; ni que dicha Ley haya querido eliminar tales enclavados preexistentes, atribuyéndoles el carácter de demaniales. Procede examinar una y otra cuestión con algún despacio. […] El apartado 1 del artículo 18 de dicha Ley, en la redacción actualmente en vigor, dispone: «La declaración de utilidad pública de un monte no prejuzga ninguna cuestión de propiedad, pero constituye una presunción de posesión a favor de la entidad a la que el catálogo otorga su pertenencia. La titularidad que en el catalogo se asigne a un monte solo puede impugnarse en juicio declarativo  ordinario de propiedad ante los tribunales civiles, no permitiéndose el
ejercicio de las acciones reales del artículo 250.1.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (EDL 2000/77463) ». El elocuente dato legal de que la titularidad asignada en el Catálogo se pueda impugnar en juicio declarativo ordinario de propiedad ante los tribunales civiles estaba ya previsto en la redacción original del mismo precepto.[…] a la luz de la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en sus Sentencias 227/1988, de 29 de noviembre (EDJ 1988/543), y 149/1991, de 4 de julio, no cabe razonablemente atribuir a la Ley de Montes de 2003 la voluntad de
confiscar los enclavados de propiedad privada preexistentes dentro de los perímetros de los montes públicos catalogados, atribuyéndoles el carácter de demaniales sin indemnización o compensación de ningún tipo para los particulares titulares de los mismos.”
Nuestra Audiencia Provincial se ha pronunciado también sobre esta cuestión en la sentencia de 31 de enero de 2017 en la que se dice lo siguiente: “Del otro, y no negado el carácter patrimonial del monte de utilidad pública de autos -precisamente porque la propia Administración lo reconoce en su contestación a la reclamación previa en la vía administrativa, documento nº 24 de la demanda-, la nueva Ley de Montes de 21 de noviembre de 2003 expresamente declara, a los efectos que ahora interesan, en su artículo 12 como de dominio público , por razones de servicio público (..) los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública a la entrada en vigor de esta ley «. De cuya dicción se sigue como efecto, en primer lugar, que resulta posible que antes de su entrada en vigor ya se hubiera adquirido el dominio de montes patrimoniales por prescripción adquisitiva extraordinaria de acuerdo a la legislación precedente; y, en segundo, que la posesión iniciada para permitir la adquisición del dominio no podría consumarse tras entrada en vigor, por la potísima razón que desde entonces (22 de febrero de 2004) por ministerio de la ley cambia la condición de patrimonial a demanial, y, con ello, se le otorga la nueva condición de imprescriptible.” En la sentencia de nuestra Audiencia de 12 de diciembre de 2013 se recoge lo siguiente: “Ciertamente, a diferencia de la regla de inalienabilidad, la de imprescriptibilidad de los montes público catalogadosno se contiene expresamente en la Ley de montes de 1957. Fue el
Reglamento de montes de 1962 el que recogió la prescriptibilidad de esa clase de montes al señalar en su Art 64.1 que los montes públicos catalogados de propiedad patrimonial sólo podrán prescribir por la posesión en concepto de dueño, pública , pacífica y no interrumpida durante treinta años. Por su parte el Art 11 del indicado reglamento señala que los montes públicos tienen la condición jurídica de bienes patrimoniales, por lo que ha de concluirse que la usucapión del bien objeto de la acción aquí ejercitada requiere la posesión en concepto de dueño, pública pacífica y no interrumpida durante treinta años. […]Cierto es que por el principio de incorporación de posesiones que sanciona la regla primera del Art 1960 del CC (EDL 1889/1), el usucapiente puede unir a su tiempo de posesión el de su causante, lo que se aplica tanto si el sucesor lo es a título universal como particular, por actos inter vivos o mortis causa, pero ha de señalarse que la posesión que se pretende incorporar a la del usucapiente ha de ser de la misma «calidad» que la de éste, lo que para el supuesto enjuiciado exige que sea en concepto de dueño, pública , pacífica y no interrumpida.”
En el presente supuesto la parte actora ha manifestado sin más que la titularidad respecto de la mencionada finca se puede determinar desde antes del año 1964 cuando figuraba inscrita a favor de don (***) que la había adquirido por herencia de su madre. Pone por ello de relieve que habían transcurrido ya más de 30 años desde que se ha venido poseyendo por los particulares y que dicho plazo se cumplió antes de la Ley de 2003 a la que nos hemos referido. Sin embargo, si hacemos un estudio, como se ha llevado a cabo por la parte demandada, de las inscripciones registrales referidas a dicha finca tenemos que ciertamente no se puede considerar que las dimensiones de la misma se mantuvieron iguales durante todo este tiempo.
Como se ha acreditado por la parte actora existió una primera finca matriz inscrita en el registro de la propiedad con el número 9237 que se habían inmatriculado en el año 1935 y con una cabida de 1,658 hectáreas dicha finca, se dividió en dos porciones en el año 1963 dando lugar a las finca registrales 12.662 y 12.663. La primera de ellas se adjudicó a don (***). Cuando se pretende inscribir dicha finca con una superficie de 9648 m² el Registrador inscribió sólo 66 áreas y 61 centiáreas suspendiendo la inscripción del resto. Don (***) en escritura de 29 de diciembre de 1988 donó la finca a su hija (***) haciendo constar que se había realizado una reciente medición y que la finca tenía una superficie de 1 ha 4 a y 52 centiáreas, pero en el registro se recoge que al haber un exceso de cabida la inscripción del exceso de superficie se practica al amparo del artículo 205 de la Ley hipotecaria con la limitación del artículo 207.
Debe hacerse constar también que en el presente procedimiento no se ha llevado a cabo ningún otro tipo de prueba distinto de la documental, por lo que es en ésta en la que tenemos que basarnos para resolver las cuestiones que se nos han propuesto. Pues bien de lo que anteriormente se ha recogido resulta evidente que con anterioridad a que entrara en vigor, en el año 2004, la Ley de
Montes promulgada el año anterior, no habían transcurrido los 30 años necesarios para la usucapión extraordinaria respecto de la totalidad de la finca que hoy se reclama, sino exclusivamente de aquella que fue inscrita en el año 1964, y que tenía unas dimensiones de 66 áreas y 61 centiáreas. El intento posterior de inscribir una superficie mayor, que se lleva a cabo en el año 1988, y que no consta que se pudiera realizar totalmente pues como pone de relieve la parte demandada, no consta que se publicarán los edictos necesarios para ello, no cumpliría con el plazo anteriormente
referido.
No se puede olvidar por otro lado que el citado Monte de Utilidad Pública se encontraba también inscrito en el Registro de la Propiedad desde el año 1954, por lo que tiene también a su favor la presunción de posesión por parte de la Junta Vecinal codemandada. Al no poderse acreditar por la parte actora que haya poseído durante el tiempo necesario para usucapir toda la extensión que reclama, se debe entender que el resto no acreditado fue poseído por la Junta Vecinal.

Cuarto.- A esta misma conclusión se debería llegar también por la vía de la falta de identificación concreta de la parcela cuya declaración de dominio se pretende. Aunque es verdad que en la actualidad, debido a la mayor correspondencia entre el Registro de la Propiedad y el Catastro, se podría entender que se encuentran identificadas las fincas, en el presente supuesto se puso de relieve por la parte demandada que podía existir una duda en cuanto al deslinde de la finca litigiosa, pues entiende que solo una parte de la misma sería de los actores, y la otra correspondería al monte vecinal.
Por ello hubiera sido adecuado llevar a cabo el correspondiente deslinde de ambas superficies, la que sin ninguna duda le corresponde a la parte actora por haberlo así aceptado la demandada, y las que pudiera corresponderle a esta última a tenor de la documentación a la que se ha hecho referencia en la contestación.
Ha de tenerse en cuenta que a estos efectos el Tribunal Supremo en su sentencia de 25-5-2000 establece que «es condición «sine qua non» la identidad inequívoca de la finca a reivindicar, lo que comprendería que la finca se determine sobre el terreno por sus cuatro puntos cardinales, debiendo éstos concretarse con toda precisión, y siendo este requisito identificativo esencial para que pueda prosperar cualquiera de las acciones que se derivan del artículo 348 del Código Civil EDC 1889/1 (S.S. 16 de julio de 1990 EDJ 1990/7658, 5 de marzo de 1991 EDJ 1991/2393 y 1 de
diciembre de 1993 EDJ 1993/10944, entre otras muchas).» Esta falta de deslinde, y por lo tanto de concreta identificación de las fincas discutidas, debería llevar también a la desestimación de la demanda a este respecto.

Quinto.- Las costas en este supuesto no deben ser impuestas a ninguna de las partes ya que se produce una estimación parcial de las pretensiones de ambas, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 394.2 de la LEC.
Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que me confiere la Constitución Española, y en nombre de Su Majestad El Rey,

FALLO

Estimando parcialmente la demanda interpuesta por la procuradora Sra. Álvarez en representación de D. (***) y Dª (***) contra la Junta Vecinal de Tezanos ( Ayuntamiento de Villacarriedo) y el Gobierno de Cantabria, declaro que :
1.º La finca identificada en la demanda con la Referencia Catastral (***), inscrita en el Registro de la Propiedad de Villacarriedo tomo 1163, libro 146, folio 110, finca número 12.663 es en su totalidad propiedad de los demandantes D. (***) y de Doña (***).

2º La finca identificada en la demanda con la Referencia Catastral (***) e inscrita en el Registro de la Propiedad de Villacarriedo tomo 980, libro 133, folio 35, finca número 12.662 es propiedad de los demandantes D. (***) y de Doña (***) respecto de 6.661,14 metros cuadrados, desestimándose la pretensión respecto del resto de la extensión de la misma.
No se hace especial imposición de las costas de esta instancia.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpone ante este tribunal en plazo de VEINTE DIAS contados desde la notificación, conforme a lo que se dispone en el artículo 458 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En la interposición del recurso se deberá exponer las alegaciones en que base la impugnación además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ, en la redacción que le ha dado la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, ( BOE 266 de 4 de noviembre de 2009) , para interponer recurso contra esta resolución deberá constituirse deposito por la cuantía de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado, lo que deberá acreditarse . No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido
Así por esta mi sentencia lo pronuncio mando y firmo.

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