Sánchez Pego Abogados

Último cartucho contra las Sentencias de derribo por Ana Sánchez Lamelas

A continuación os dejamos la transcripción de un artículo redactado por Ana Sánchez Lamelas (Profesora Titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Cantabria) para el Diario Montañés referente a las sentencias de derribo:

Último cartucho contra las Sentencias de derribo.

El remedio que les queda a los afectados que ven peligrar sus viviendas es acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Este periódico publicaba el pasado miércoles la noticia: el Supremo ha dicho que no hay que pagar antes de demoler. Los propietarios de las viviendas no cobrarán nada antes del derribo y pasarán meses o años hasta que finalmente se les reconozca el derecho a ser indemnizados.

El periódico no exageraba. El camino que recorrerán los afectados hasta lograr la deseada indemnización promete ser un laberinto tortuoso. No les va a resultar sencillo identificar la Administración responsable y para ello deberán iniciar varios procedimientos ante distintas Administraciones. Discutirán sin duda el montante de la indemnización, si es que finalmente alguna de las Administraciones se considera causante del daño. Tendrán que demostrar que adquirieron las viviendas de buena fe y que merecen acceder a la indemnización. Es más que probable que no encuentren inicialmente satisfacción a sus reclamaciones y, en consecuencia, deberán recurrir finalmente a los órganos judiciales, con el tiempo y el gasto que eso supone (abogados, riesgo de costas procesales, años de pleitos…).

Mientras los propietarios reclaman su indemnización las viviendas habrán sido demolidas puesto que, como he dicho al principio, el Tribunal Supremo acaba de dejar sentado que para demoler no hay que esperar a la fijación y pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.

En esta situación el último remedio que les queda a los ciudadanos afectados es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Este remedio permitiría suspender la ejecución de las Sentencias de derribo entretanto se pronuncia el TEDH y abriría la puerta a dos posibles soluciones de fondo: 1) que el TEDH considerara contrario al derecho de propiedad ordenar el derribo de edificaciones construidas conforme a licencias otorgadas por las Administraciones; o 2) que el TEDH considerara contrario al derecho de propiedad ordenar el derribo sin mediar la previa indemnización.

Estas posibilidades, lejos de ser una quimera, cuentan con importantes precedentes. Sin ir más lejos, en enero de este mismo año el TEDH ha dictado una importantísima Sentencia en la que considera que ordenar la demolición de un inmueble construido con licencia es una medida desproporcionada que infringe el derecho de propiedad reconocido en el  artículo 1 del protocolo núm. 1 de la Convención Europea de Derecho Humanos (caso Tumeliai contra Lituania). La misma Sentencia nos cuenta que los tribunales de Lituania suspendieron la orden de demolición del edificio mientras el TEDH examinaba el asunto, es decir, durante casi 4 años. No es un supuesto aislado, hay más.

En todo caso, con independencia del éxito que pueden tener estos recursos, merece la pena explorar esta posibilidad que permitiría a los afectados paralizar los derribos entretanto reclaman sus indemnizaciones y que incluso permitiría la llegada de las esperadas legalizaciones que vienen reclamando.

Los propietarios son, además, los únicos que pueden acceder al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ni el Gobierno de Cantabria ni los Ayuntamientos pueden alegar vulneración del derecho de propiedad, que es lo que está en juego, de manera que el último cartucho está en manos de los propios afectados.

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