La posición del Tribunal Supremo ante los indultos del Procés

La posición del Tribunal Supremo ante los indultos del Procés

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Los titulares de nuestro país anuncian que el Tribunal Supremo (TS) admite a trámite los recursos contra los indultos del procés, firmados por distintos partidos políticos que, alarmados, ven al gobierno como una amenaza que atenta contra la separación de poderes. Ante esta situación, son muchos los que se preguntan si dichos recursos prosperarán o si, por el contrario, el ejecutivo hará caso omiso a los informes del Alto Tribunal. En Sánchez-Pego Abogados especialistas en Derecho Penal entre otras áreas, analizamos la posición del Tribunal Supremo ante los indultos del Procés.

Para entender bien el escenario en el que se desenvuelve esta situación, es preciso señalar y entender el Derecho Penal: el art. 130.1 4º del Código Penal prevé la extinción de la responsabilidad criminal por medio del indulto, el cual procederá por razones de justicia, equidad o conveniencia política, cuando, por las circunstancias del condenado, se entienda que la pena no va a cumplir el fin pretendido. O dicho de otra manera: cuando la pena ya no tenga sentido.

La pretensión del gobierno de nuestro país es indultar a los condenados por el archiconocido juicio del procés, a lo que el TS se ha opuesto totalmente por entender que no se dan las exigencias legales para otorgarlo. La ley reguladora del indulto exige que, para su concesión, se den razones de justicia y equidad, y que se entienda que el sujeto está reinsertado en la sociedad, para lo cual, será necesario, o bien, que haya pasado un tiempo considerable entre la comisión del delito y la ejecución de la pena, de tal forma que el fin reeducador ya no tenga sentido, o bien que se entienda que la pena es totalmente desproporcionada.

Y lo cierto es que en el caso del procés no concurren ninguno de estos supuestos, pues el plazo se considera dentro de lo lógico en el proceso penal y los sentenciados no han mostrado ni el mínimo ápice de arrepentimiento. Es más, han afirmado que volverán a delinquir si tienen ocasión.  

A pesar de ello, el gobierno está a favor de indultar a los condenados, y aunque parezca sorprendente, poco puede hacer el TS porque, como estableció la sentencia del caso kamikaze, el control que el TS ejerce es formal y externo, que sólo alcanza a determinar si el gobierno no ha tomado la decisión de indultar de manera arbitraria y que debe limitarse a la comprobación de si el Acuerdo de indulto cuenta con soporte fáctico suficiente, no pudiendo el TS examinar el contenido en cuestión, pues la decisión de indultar es de “plena disposición gubernamental” y sólo el TS tendrá poder de decisión si existe nulidad de pleno derecho porque se haya prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, como afirma la sentencia nº3482/2020, del Tribunal Supremo.

Por ello, el quid de la cuestión para que los recursos prosperen, consistirá en determinar si los argumentos del gobierno para dejar sin efecto las penas del procés son expuestos a favor de la legalidad, la equidad y el orden público o, si, por el contrario, no tienen ningún tipo de sustento lógico, en cuyo caso, si ninguna maniobra política intercede, los recursos deberían prosperar y los indultos quedar sin efecto.

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