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Caso tarjeta Revolving

Sentencia a favor del demandante contra las tarjetas revolving

Sentencia favorable contra las tarjetas revolving

A continuación transcribimos la sentencia condenatoria a un banco por las tarjetas revolving tras la acusación de un particular y llevada a cabo por el letrado Álvaro Sánchez-Pego Lamelas.

NOTA: Los nombres propios, tanto de personas como de empresas, los hemos ocultado con “XXXXX” para garantizar la privacidad.

 

Sentencia

En Pamplona/Iruña, a 11 de junio de 2018.

Vistos por el Ilmo.Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Pamplona/Iruña y su Partido y Encargado del Registro Civil de Pamplona, los presentes autos de Procedimiento Ordinario nº 0000758/2017, seguidos ante este Juzgado a instancia de XXXXX, representado por el Procurador XXXXX y asistido por el Letrado D. ÁLVARO SÁNCHEZ-PEGO LAMELAS, contra XXXXX representado por el Procurador D. XXXXX y defendido por el Letrado Dña. XXXXX, sobre reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que la meritada representación de la parte actora, formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia por la que se declare la nulidad absoluta del Contrato de Tarjeta de Crédito concertado entre la parte actora y la demandada en fecha 2 de julio de 2013, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración, con los efectos inherentes a la misma, y entre ellos la obligación de la parte actora de entregar tan solo la suma recibida de la que deberá deducirse las cantidades que haya satisfecho en concepto de amortización de principal e intereses, a determinar en ejecución de sentencia, y subsidiariamente, la nulidad por falta de transparencia de la cláusula o anexo de intereses remuneratorios del reglamento de la tarjeta de crédito, asimismo condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración, con los efectos inherentes a la misma.

SEGUNDO.- Que admitida a trámite se dispuso el emplazamiento de la parte demandada, para que en el término legal, compareciese en autos asistida de Abogado y Procurador contestara aquélla, lo cual verificó, en tiempo y forma, mediante la presentación de escrito de contestación a la demanda, arreglado a las prescripciones legales, en el que suplicaba que los previos los trámites legales se dictase sentencia por la que se desestimase los pedimentos de la parte actora y se absuelva a la parte demandada con expresa imposición de las costas a la parte actora.

TERCERO.- Cumplido el trámite de contestación de la demanda se convocó a las partes a la celebración de audiencia previa, para cuyo acto se señaló el día 6 de junio de 2018 a las 13:00 horas. Al acto comparecieron todas las partes. La parte actora y la parte demandada realizaron las manifestaciones oportunas y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba, constando lo actuado en los soportes de grabación y reproducción de la imagen y del sonido, quedando los autos en poder de S.Sª. para dictar Sentencia.

CUARTO.- Que en la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En síntesis la posición de las partes es la que sigue, la parte actora, persona física, manifiesta que a finales de junio de 2013, recibió una llamada comercial de promoción de las tarjetas XXXXX, en la que le ofrecieron la posibilidad de contratar la tarjeta Visa XXXXX Oro refiriéndole las ventajas y excelencias de la misma, entre otras: cuotas de emisión y renovación de tarjeta gratuitas, seguro gratuito de vida en caso de accidente en medio de transporte abonado con la tarjeta, domiciliación de pagos en cualquier cuenta de su titularidad, sin necesidad de aperturar una nueva cuenta en XXXXX, y un largo etcétera.

A la vista de las ventajas ofrecidas en fecha 2 de julio de 2013 la parte actora suscribió un contrato de tarjeta Visa XXXXX Oro, consignando para ello sus datos y la información requerida en un formulario prerredactado por XXXXX. Dicho formulario de solicitud de la tarjeta, principalmente en su reverso y en letra tan exageradamente minúscula que resulta en la práctica ilegible sin la ayuda de una lupa de aumento, se recogen los llamados: “Reglamento de la Tarjeta de Crédito Visa/Mastercard”, “Condiciones generales del Préstamo Personal” y las “Cláusulas comunes al Reglamento de Tarjeta y a las condiciones generales del Préstamo Personal concedido por La Entidad”, que el letrado que suscribe ha podido leer con dificultad incluso con la ayuda de una lente de aumento.

En el contrato de tarjeta de crédito, concretamente en el Anexo del denominado “Reglamento de la Tarjeta de Crédito Visa/Mastercard”, se establece un tipo de interés nominal remuneratorio tanto para compras como para disposiciones de efectivo del 24 por 100 T.I.N., con su equivalente T.A.E. del 26,82 por 100.

Posteriormente el negocio de tarjetas de crédito de XXXXX fue traspasado a “XXXXX”, división “on line” del XXXXX, S.A. y después a XXXXX.

En los últimos años la parte actora ha dispuesto de un total de 3.190,11 euros del crédito, que han devengado intereses al elevado tipo del 24 por 100, con su equivalente T.A.E. del 26,82 por 100, por lo que ha abonado en concepto de intereses una cantidad que no se puede concretar en este momento, pero, en cualquier caso, muy superior a 3.000 euros.

Estima la parte actora que el interés aplicado es usurario, en tanto resulta muy superior al interés normal del dinero y que, por dicho motivo el contrato de tarjeta de crédito que une a la parte actora con la demandada es nulo o, al menos, la cláusula o anexo que establece los intereses remuneratorios que actualmente se aplican al tipo del 24 por 100, con su equivalente T.A.E. del 26,82 por 100 tanto para las compras como para las disposiciones de efectivo.

Por su parte la demandada aduce que como consta en el suplico del escrito de Demanda presentado, la demanda pretende primero la declaración de nulidad del contrato de tarjeta de crédito, por infracción de la Ley de Usura, luego, consecuencia de dicha nulidad, la restitución de prestaciones, es decir, la devolución del exceso abonado, una vez detraído el saldo por principal de los cargos hechos con la tarjeta de crédito suscrita. Y subsidiariamente, la nulidad por falta de transparencia de la cláusula o anexo de intereses remuneratorios del reglamento de la tarjeta de crédito suscrito.

Efectivamente unido a las condiciones particulares de la tarjeta suscrita, se unen las condiciones generales o reglamento de uso de la tarjeta suscrita. Si bien tenemos que rechazar la manifestación del carácter minúsculo de la letra y respecto de los concretos tipos de interés nominal y TAE aplicados al contrato la parte demandada rechaza que los mismos puedan ser constitutivos de usura.

La parte demandada defiende la bondad del contrato suscrito y que en la actualidad titula y que se ha mantenido hasta la actualidad sin reclamar previamente, ni extrajudicial ni judicialmente.

SEGUNDO.- Dado que la única prueba solicitada en definitiva por las partes ha sido la documental y que ésta ha sido estimada por este Juzgador, se ha hecho aplicación del artículo 429.8 de la LEC, pasando directamente a dictar sentencia.

TERCERO.- Ciertamente son aquí dos las cuestiones planteadas por la parte actora, de un lado la aplicación de la Ley de Usura de 23 de julio de 1908 y por otro establecer por este Juzgador si ha habido la suficiente transparencia por parte de la entidad bancaria en cuanto a la cláusula o anexo de intereses remuneratorios.

Por lo pronto se trata de verificar si aquí es de aplicación la llamada Ley de Usura, Ley de 23 de julio de 1908 (L. Azcarate), cuyo artículo 1.1., dispone:

“Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.”

El artículo 9 del mismo texto legal establece que:

“Lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato…”

No cabe duda que aquí nos encontramos con una operación de crédito sustancialmente equivalente a un préstamo y que la jurisprudencia viene interpretando dicha norma legal declarando que un contrato de préstamo es usurario si se estipula un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, sin necesidad de que el mismo haya sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

Ocurriendo que según jurisprudencia el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero, no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE). El interés con el que ha de realizarse la comparación es el “normal del dinero”. No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés “normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso.

De los datos que se detallan en la tabla estadística adjunta como documento número 3, que publica el Banco Central relativa a los tipos de interés medio aplicados por las entidades de crédito el interés medio de los créditos al consumo en la fecha de la firma era del 9,36 por 100 T.A.E.

Y en esto tenemos que estar plenamente de acuerdo con lo que acabamos de referir como aducido por la parte actora teniendo en cuenta que en el contrato objeto de esta litis nos encontramos ante un tipo de interés nominal (T.I.N.) remuneratorio del 24 por 100 y su equivalente T.A.E. del 26,82 por 100, que es muy superior, más del doble que el 9,49 por 100 TAE del interés medio de los créditos al consumo en operaciones a plazo entre 1 y 5 años, en la fecha en que se concertó el contrato. Y este Juzgador está de acuerdo con la parte actora cuando nos dice que los tipos que se deben aplicar son los acordes con la Circular nº 1/2010, de 27 de enero (BOE de 5 de febrero), que sustituye a la Circular 4/2002, de 25 de junio que adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares.

De manera que es obvio que el crédito concedido a la parte actora por la demandada lo es a un interés nominal remuneratorio (T.I.N.) del 24 por 100 y su equivalente T.A.E. del 26,82 por 100 y el contemplado en el cuadro que se adjunta es notablemente más bajo. Y ni siquiera cabe aducir que haya un riesgo para la parte prestamista de especial relevancia, máxime siguiendo la jurisprudencia que hemos dicho, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada. La entidad financiera que concedió el crédito “revolving” no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal.

Por tanto las consecuencias van a ser una vez que este Juzgador declara por lo dicho y repetido que aquí nos encontramos con un problema de operación subsidiaria, que sería de aplicación el artículo 3 de la Ley de Usura que regula los efectos de la declaración de nulidad de un contrato con arreglo a dicha Ley, estableciendo que, en tal caso, “el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.”

CUARTO.- Por si no fuera poco aparece meridianamente claro para este Juzgador que es de aplicación el artículo 3 del RDL 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el art. 2.b) de la Directiva 93/13/CEE porque nos encontramos con que se está contratando por el actor en el ámbito de su esfera privada, una tarjeta de crédito para utilizar la misma como medio de pago de sus gastos y compras personales y de ocio y que tiene la consideración de consumidor y usuario a los efectos de la protección que dichas normas legales les otorgan.

Y por si no fuera poco y tal y como refiere como fundamento legal la parte actora los artículos 5, 7 y 8 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación que establecen la posibilidad de control de la inclusión y transparencia de la cláusula “anexo” de  intereses. El artículo 7 de dicho texto legal dispone que no se incorporarán al contrato las condiciones generales que:

“a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes del artículo 5.

  1. b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato.”

Desde luego no acaba de ver este Juzgador que la cláusula y la redacción en general de lo que se le presentó, se supone, al consentimiento de la parte actora realmente sea clara, de tal manera que no sólo por aplicación de las condiciones generales de la norma de contratación antes mencionada, sino por aplicación lisa y llanamente del artículo 1288 del Código Civil, la oscuridad no puede favorecer a la entidad bancaria que desde luego ni siquiera se ha molestado en poner de manifiesto la “ratio” del tamaño de la letra de la cláusula en que está redactada la de los intereses, lo cual conllevaría conforme al artículo 8º de la expresada Ley de Condiciones Generales de la Contratación la nulidad de pleno derecho de dichas condiciones y aquí en concreto de esta cláusula.

Sin embargo, las anteriores reflexiones sobre la cláusula de anexo de intereses remuneratorios no van a tener incidencia al final en esta Sentencia, de tal manera que se mencionan de manera dialéctica al tener en cuenta este Juzgador el principio dispositivo de parte resultando que solo ha sido solicitada la declaración de nulidad por falta de transparencia de la cláusula “anexo” de intereses remuneratorios con carácter subsidiario de tal manera que en definitiva lo importante es declarar la nulidad del contrato de tarjeta de crédito como sí se hace aquí.

QUINTO.- En cuanto a intereses se aplicarán en base a los criterios solicitados en el suplico de la demanda.

SEXTO.- Procede la imposición de costas a la parte demandada conforme al artículo 394 de la LEC.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de pertinente y general aplicación, FALLO

ESTIMANDO la demanda formulada por D. XXXXX frente a XXXXX procede declarar la nulidad absoluta del Contrato de Tarjeta de Crédito concertado entre la parte actora y la demandada en fecha 2 de julio de 2013, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración, con los efectos inherentes a la misma, y entre ellos la obligación de la parte actora de entregar tan solo la suma recibida de la que deberá deducirse las cantidades que haya satisfecho en concepto de amortización de principal e intereses, a determinar en ejecución de sentencia. Todo ello con imposición de costas a la parte demandada.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a su notificación, presentando escrito ante este Tribunal en el que deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación además de citar la resolución que recurre y los pronunciamientos que impugna.

Así por ésta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

EL MAGISTRADO-JUEZ